El Departamento de Justicia obtuvo, en mayo de 2017, una orden de registro para lograr acceso a 1,553 páginas de fotos, comentarios y conversaciones de la cuenta de Facebook de Pulso Estudiantil durante la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que Pulso Estudiantil supo de la intervención de Justicia para obtener información correspondiente del 26 al 28 de abril de 2017. La agencia también tuvo acceso a las cuentas en Facebook de Diálogo UPR y del Centro de Comunicación Estudiantil (CCE).
Entre la información intervenida, figura material audiovisual de Pulso Estudiantil y los nombres de las personas que hicieron las publicaciones y de los seguidores que comentaron. Además, tuvieron acceso a las conversaciones privadas entre el medio y sus seguidores e información personal del exdirector y cofundador del medio Roberto Nava Alsina, como su número de tarjeta de crédito.
En la orden de registro, de la que este medio obtuvo copia, un agente de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos de Justicia, identificado solo como Lasalle, indicó que el propósito de la intervención fue “establecer la identidad y control de la cuenta y sus usuarios”.
“A nosotros nunca nos llegó un documento, algún tipo de notificación de parte del Departamento de Justicia en cuanto a acceso a nuestros datos, nuestra información, nuestro contenido en Facebook”, denunció la exdirectora de Pulso Estudiantil durante la huelga de la UPR Fabiola Pagán Meléndez.
Los medios universitarios intervenidos no fueron notificados de esta información, a pesar de que la orden de registro establece que 90 días después del allanamiento podían haber sido avisados.
Pulso Estudiantil fue alertado de la intervención por empleados del representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien presentó la Resolución de la Cámara 1545 para investigar el asunto. Andrés González Berdecía, empleado del legislador pipiolo, contactó a este medio, el 27 de septiembre, y, posteriormente, le proveyó evidencia de la información obtenida por Justicia.
González Berdecía señaló que la orden judicial fue solicitada por Justicia para obtener pruebas sobre un incidente en el que varios estudiantes interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que estuvo presente la entonces presidenta de la institución Nivia Fernández Hernández. Esa reunión se celebró el 27 del abril de 2017.
“La oficina del representante Denis Márquez se comunicó con nosotros vía inbox de Facebook para comunicarnos sobre la Resolución 1545 para investigar la manera en la que se obtuvo una información, unas órdenes judiciales, para acceder a la información de Pulso, Diálogo y el Centro de Comunicación Estudiantil”, expresó la directora general de Pulso Estudiantil, Marisol Nazario Bonilla.
Los medios implicados
Aunque el CCE nunca fue notificado formalmente por parte de Justicia o Facebook sobre la orden de allanamiento, tenía conocimiento de la intervención en sus páginas de Facebook, reveló Gabriel Casal Nazario, exmiembro del CCE.
Casal Nazario indicó que se enteraron del suceso durante la cobertura de los casos judiciales contra los siete estudiantes procesados por interrumpir la reunión de la Junta del Gobierno de la UPR.
“Era un allanamiento ilegal, que la información que levantaban de las páginas era totalmente infundada. Por ejemplo, lograron presentar, el Departamento de Justicia, los comentarios, las localizaciones, los perfiles de muchos de nuestros seguidores”, enfatizó Casal Nazario.
El exdirector de Diálogo Víctor Rodríguez Velázquez le indicó, a este medio, que nunca fue informado sobre la orden de registro. “El problema es que, en ese momento, esa cuenta le pertenecía a la universidad. Si ellos (Justicia) le avisaron a la universidad, pues ahí no sé”, dijo.
Sin embargo, Rodríguez Velázquez informó que la exdirectora ejecutiva de Administración Central Yvonne Huertas le solicitó que certificara que el vídeo que la universidad descargó de la página de Facebook de Diálogo, que reseñaba el momento en que los estudiantes interrumpieron la reunión de la Junta del Gobierno de la UPR, era íntegro.
“Nosotros nos negamos a entregar la información porque nosotros nos cobijamos bajo el derecho constitucional de prensa”, enfatizó el exdirector del Diálogo. En ese momento, indicó, que le envió una carta a Huertas en la que informaron que no emitirían la certificación.
Acciones gubernamentales
Como parte de su resolución de investigación, el representante Márquez enfatizó en la necesidad de que se investiguen las solicitudes de allanamiento que no van acorde con la Carta de Derechos de la Constitución.
“La Cámara de Representantes debe realizar una investigación con el fin de evaluar si las agencias de seguridad pública están cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución de Puerto Rico a la hora de acceder a información almacenada electrónicamente”, reza la resolución.
