Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Pulso Estudiantil
La jueza Lauracelis Roques Arroyo le dio hoy un ultimátum a Nivia Fernández Hernández, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para que cumpla con la orden del Tribunal de Apelaciones para que los portones del Recinto de Río Piedras se abran y se reanuden las clases.
Asimismo, tiene que presentar un plan de trabajo avalado por la Junta de Gobierno (JG) para reanudar clases, y llevar «prueba contundente» de que en realidad se han hecho esfuerzos para continuar con el semestre. Todo en unas 26 horas, hasta las 2:00 de la tarde de mañana.
Con un claro «queda en sus manos» y «tiene la llave en su bolsillo», Roques Arroyo apercibió —nuevamente— del desacato civil que enfrenta a Fernández Hernández. Igualmente, no llevar mañana el plan señalado sería causa probable para que el tribunal decida arrestarla e ingresarla a la cárcel, de acuerdo con la jueza superior.
Antes de la decisión de dar una «última oportunidad» a la presidenta, el magistrado hizo constar lo siguiente:
- Que su testimonio fue vago y no presentaba acciones «concretas»
- Que el plan de trabajo del que la funcionaria habló es uno de «quizás» y que no se ha implementado
- Que las gestiones no han sido «suficientes»
- Que no se han auscultado «todas» las opciones
Sin embargo, durante el interrogatorio que su abogado, Enrique Figueroa Llinás, le hizo bajo juramento Fernández Hernández se declaró «imposibilitada» de cumplir con el dictamen porque había usado todas las alternativas que tenía. Roques Arroyo, ante esto, le recomendó volver a leer la sentencia porque tiene «muchas» que no se han tomado en cuenta.
De igual forma, la líder administrativa testificó que no se han identificado a los huelguistas que dan instrucciones directas a mantener los portones con cadenas, porque siempre que se va a buscarlos para dialogar son «diferentes personas», porque son «terceros» ajenos al caso y porque están encapuchados.
No obstante, sí dijo que los tienen apuntados en unas actas de trabajo.
Aunque, la demandada aceptó que tales acciones no le constan «de primera mano» porque son procedimientos que los ordenaba la exrectora, Carmen Rivera Vega. A ella, según dijo, solo le llegaban unos informes.
Por otras parte, el abogado demandante, Pedro Vázquez Pesquera, refutó tales acciones de la titular de la UPR y le cuestionó que cómo puede saber si las personas son diferentes si tienen sus caras tapadas, a lo que esta respondió que a ella no le consta tales aseveraciones.
Inclusive, adjudicó todas esas acciones a Rivera Vega, quien hoy fue excusada de los procedimientos por haber renunciado a su cargo. Su abogada, María Luisa Vega, lo solicitó porque su comparecencia era en carácter de su puesto administrativo.
También, Fernández Hernández admitió que actualmente no se han tomado medidas disciplinarias contra ningún estudiante, contra los docentes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) ni contra la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) por apoyar las decisiones del Movimiento Estudiantil.
En un receso de 10 minutos, José Torres, presidente de la Heend, dejó saber que no se le puede castigar a su sindicato porque ellos no están en huelga.
Efectivo que se haya dado última oportunidad
De esta manera habló el representante legal de los demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, a la salida de la sala 907 donde se llevaba a cabo la vista de seguimiento en el caso Menéndez González v. UPR.
«Yo creo que sí. Eso lo vemos a diario como hay muchas cosas que no se cumplen hasta que haya un arresto, o amenaza de arresto. Yo creo que sí es efectivo, y permitiría a todos ver que la jueza Lauracelis Roques está hablando bien en serio», opinó. «Ya no hay margen de error».
La pregunta vino a los efectos de que Fernández Hernández entendió que, de ser encarcelada, nada aportaría a la apertura de portones.
Inclusive, el licenciado avisó que estarían presentando una solicitud si la graduada de Río Piedras decide renunciar a su puesto, tachando tal acto de «subterfugio».
Policía como último recurso
La mandataria de la UPR fue a más en su testimonio, cuando le admitió a Vázquez Pesquera que la comunicación que envió a la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, la hizo luego que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en San Juan la citara hoy para justificar los métodos usados para cumplir con el Apelativo.
Empero, Fernández Hernández explicó que esta petición a la Uniformada fue para certificar la posición oficial de Hernández de Fraley, en torno a intervenir en la huelga estudiantil.
Aunque, la administradora señaló que, después de recibir el «no» de la Policía, las personas «privadas» que habían mostrado interés en ayudar en el plan de trabajo retiraron sus ofertas. Por lo cual, antes de terminar su intervención como la única testigo que Roques Arroyo permitió hablar, esta dijo que el uso de una guardia privada abrir es el «último» recurso.
En esa misma línea, de llegarse a dar esa intervención en un futuro cercano sería sin un rector o rectora interino. Esto, debido a que «nadie» ha aceptado asumir el cargo después de la dimisión de Rivera Vega.
La vista contra Fernández Hernández se reanudará maãnna, martes 23 de mayo, a las 2:00 de la tarde en la sala 907 del TPI de San Juan.
Ayer en la noche, la UPR radicó un mandamus contra la Policía de Puerto Rico y el Gobierno para «obligarlos» a cumplir con su deber ministerial y abrir los portones del Recinto de Río Piedras.
En específico, contra la superintendenta de la Uniformada, Michelle Hernández de Fraley, para que cumpla «su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR —que, a fin de cuentas, pertenece al Pueblo de Puerto Rico— mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones».
Asimismo, se hace constar en la orden que «la UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a los terceros que […] a cumplir» con el Apelativo.
Esto ante la negativa de la Policía a intervenir y porque la guardia universitaria «no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación».
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Mandamus de UPR a Policía y Gobierno by Victor Torres on Scribd
