Por: Ana Teresa Solá Riviere
La organización Coordinadora Paz Para La Mujer continúa esperando respuesta de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, ante la carta enviada el pasado 16 de marzo en la que exige claridad acerca de los protocolos atendiendo la violencia de género en la isla.
La colectiva destaca que los sectores sociales que dan atención inmediata hacia las víctimas de violencia de género siguen en funcionamiento a pesar de las condiciones que enfrentan; dentro de estos, se incluyen los albergues de refugio. Por tal razón, exigen transparencia al gobierno sobre los casos de violencia de género y cómo se están tratando.
“Que se proveyera toda información clara, como los protocolos de los Policías, Departamento de Salud y Justicia, saber cómo todos van a trabajar con relación a los casos de violencia de género durante esta pandemia; eso no ha ocurrido. La Rama Judicial ha sido el único fuente cumpliendo con la transparencia”, declaró la directora de “Paz Para La Mujer”, Vilma González Castro.
Asimismo, albergues de refugio, como la Casa Protegida: Julia de Burgos, continúan sus labores a pesar de los recortes y las nuevas dificultades que impone de la cuarentena.
Ambas organizaciones se presentaron ayer, martes, en un foro virtual titulado La violencia de género en tiempos del COVID-19 en el que varios sectores presentaron los problemas que enfrentan durante la pandemia, y brindaron posibles soluciones que el gobierno podría implementar.
La directora de Casa Protegida: Julia de Burgos, Coralis León Morales, informó que el albergue sigue brindando servicios bajo un nuevo protocolo desarrollado para prevenir contagios dentro del albergue.
“Todos los albergues han hecho igual, pero nosotras lo hicimos de manera uniforme, un protocolo bien robusto que tiene que ver con todo del COVID-19”, expresó León Morales.
También, explicó que el caso de una sobreviviente nuevamente ingresada la víctima entra en aislamiento preventivo por 14 días. Luego se mueve a otro espacio para compartir con otras participantes. Si hay una sobreviviente demostrando síntomas del virus, pasa a otro espacio para recibir la atención médica necesaria.
El albergue recibió un recorte presupuestario de 42 por ciento, por lo que la organización tuvo que asumir gastos e inversiones no cubiertos para garantizar servicios seguros hacia las sobrevivientes y el personal. Al momento, tienen una campaña de recaudación de fondos ($1.00 mínimo) para seguir proveyendo servicios.
“El impacto económico es grande, pero igualmente grande es nuestro compromiso”, resaltó León Morales.
Una solución que propone la representante para los albergues es que se reconozcan servicios esenciales.
“Al no ser reconocidas, nos encontramos con limitaciones, sumado el impacto social de la pandemia,” suspiró León-Morales.
Además, aclararon la importancia de establecer puntos de contacto entre organizaciones con el Departamento de Salud, para así poder recibir la ayuda necesaria para atender las necesidades de las víctimas refugiadas; esto tampoco ha ocurrido.
Las organizaciones continúan trabajando sin interrupción, a pesar de la disminución de ayudas gubernamentales. Queda incierto hasta cuándo estas organizaciones independientes podrán garantizar los servicios.
La presidenta de la Comisión de Víctimas de Delito, Astrid Soto, anunció que la situación para las víctimas de violencia de género agravó dentro del mes de marzo, mes de la concienciación sobre la violencia sexual, por las restricciones impuestas debido a la pandemia.
