La historia del Gobierno de Puerto Rico documenta prácticas ilegales de fichaje de individuos y entidades por ideología política a través de la implementación de la Ley 53 y el “carpeteo”. Prácticas gubernamentales que les ocasionó décadas de sufrimiento, pérdidas de empleo y oportunidades de progreso a miles de puertorriqueños.
El 29 de julio de 1957, la Asamblea Legislativa se reunió en una sesión extraordinaria a petición del exgobernador Luis Muñoz Marín para discutir un informe especial del Comité de Derechos Civiles en el que se expuso una de las recomendaciones principales como la derogación de la Ley 53 y el indulto de las personas convictas por infracciones de ese estatuto. Por eso, el 19 de julio se recuerda la conmutación de 13 personas encarceladas por la “Ley Mordaza”.
Ante este contexto, a continuación hay un listado de eventos y fechas claves en la historia del Gobierno de Puerto Rico que resaltan los eventos sobre el carpeteo y la persecución política.
Ley Mordaza
La Ley 53 o la “Ley Mordaza” se aprobó el 21 de mayo de 1948 dirigido por el exgobernador Luis Muñoz Marín como un gesto en contra del líder independentista Pedro Albizu Campos y los catalogados “subversivos”.
Esta legislación declaraba delito grave, sin derecho a juicio por jurado, y con una condena de hasta 10 años de cárcel o multa de hasta $10 mil, fomentar la necesidad y conveniencia de derrocar el Gobierno Insular de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas mediante la fuerza y violencia. Asimismo, hacía ilegal imprimir, publicar, editar, circular, vender, distribuir o exhibir públicamente con la intención de paralizar o destruir el Gobierno Insular o cualquiera de sus divisiones políticas.
Es importante destacar que esta ley violó el derecho civil de la libertad de expresión de los ciudadanos puertorriqueños. Por eso, a partir de la aprobación de la Ley Mordaza, habría un policía taquígrafo en todos los periódicos de la época.
El carpeteo
Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), desarrolló, a mediados de la década de 1930, un programa de información secreta en Puerto Rico llamado las carpetas. Se trataba de archivos secretos de la Policía que contenían información personal. El registro de las carpetas fue construido por una red de policías, informantes confidenciales y agentes del FBI.
Las carpetas se convirtieron en parte del programa COINTELPRO (Counter Intelligence Program, por sus siglas en inglés) más grande desarrollado conjuntamente por el FBI para monitorear y reprimir la disidencia política contra los Estados Unidos.
La información en las carpetas incluía transcripciones escolares, historial de empleo, práctica religiosa, afiliaciones políticas, membresías de club, cuentas bancarias, tenencias de propiedades, registros familiares y maritales, registro automático, placas de matrícula, reuniones asistidas, entre otros. También, se le añadía información personal, tales como: amigos, socios comerciales, parejas, gigolos, deudores y acreedores, cartas personales, llamadas telefónicas grabadas, fotos, listas de bodas, boletos de lavandería y «artículos varios».
Eventualmente, el caso Noriega vs Hernandez Colón 122 D.PR 650.691 (1988) resuelto el 21 de noviembre de 1988, declaró inconstitucional la práctica del gobierno de abrir expedientes basándose en ideología política. A raíz de esto, se inició el proceso de entrega de sobre 74,000 expedientes ilegalmente preparados por el Estado a las personas vigiladas, y se creó un fondo gubernamental en 1999 para asistir a algunas víctimas de las carpetas.
La evolución de la persecución política
Toda persecución fue, y sigue siendo, un mecanismo para criminalizar la libertad de expresión. En el pasado, el gobierno criminalizó, mediante las carpetas, el cuestionamiento, la protesta y la oposición. Hoy, se utilizan los medios electrónicos.
La nueva versión del “carpeteo electrónico” interviene en las redes sociales de los protestantes y páginas de Internet, así como también la utilización de “drones” para la toma de grabaciones en vídeo durante una marcha o protesta.
La historia de persecución por afiliación política en Puerto Rico excede lo que puede discutirse, pero es importante internalizar que no puede darse por cerrado. Hoy día, se continúa repitiendo el capítulo siniestro del pasado a través de la modernización del carpeteo y la evolución de la persecución política.
