Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Suministrada
La Junta de Control Fiscal (JCF) avisó hoy mediante carta al Gobierno que los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) deben aumentar a $450 millones y no a $300 millones como primero se había anunciado, para conseguir liquidez y estabilidad en las finanzas.
Además, la JCF rechazó el Plan Fiscal que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, presentó el pasado 28 de febrero, mismo día de su mensaje de situación de estado en la Cámara de Representantes.
«La junta respalda la difícil decisión del gobernador de reducir los subsidios a la Universidad de Puerto Rico en $300 millones para el año fiscal 2019. La magnitud del déficit estructural del Gobierno requiere, no obstante, que la reducción anual incremente a un mínimo de $450 millones para el año fiscal 2021», explica en la carta el ente federal creado por PROMESA.
Estos nuevos recortes, la JCF añade, «saldrán de la aplicación de medidas para crear una base de control para gastos futuros y la contemplación de otros métodos para la matrícula, mejoras en ingresos y mejoras operacionales».
Tomando en cuenta el presupuesto actual de la UPR sin los ingresos propios -$905,429,000- esto significaría una reducción de 50.31% para dejar a la institución pública de enseñanza con solo $455,490,000, más ingresos propios. Esto llega cuando seis de los 11 recintos ya aprobaron su participación para la Asamblea Nacional, a llevarse a cabo este próximo 5 de abril en el Estadio Roberto Clemente.
A la asamblea se unirá la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) y el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), por lo cual el cuórum será que siete de los 13 recintos lleven una matrícula de 10%.
A esto, el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) en Cayey, Danilo Pérez Rivera, reaccionó «incrédulo» a los nuevos pedidos de la junta y dijo que no abandonará la lucha por la Universidad.
«Mi primera reacción fue llamar a mis escuelas graduadas y decirles que no voy a poder iniciar trabajos con ellos en agosto y que si pudiésemos trabajar mecanismos alternos de admisión. El panorama es claro. Yo como estudiante, que amo a la UPR, no me iré con ella amenazada y en riesgo como lo está en este momento», indicó, a su vez que calificó de «indelegable» la situación que se avecina.
Pérez Rivera recalcó que la presidenta de la UPR, Nivia Fernández Hernández, tiene que rechazar «tajantemente» las nuevas recomendaciones.
«Un llamado organizativo al combate y una oposición ferviente. Que le quede claro que aquí no hay diálogo ni disposición que valga de parte de la Junta. No les interesa un ‘buen trabajo’. Y eso le tiene que quedar claro no tan solo a la presidenta Fernández, sino al gobernador Rosselló también», dijo en comunicación escrita, a lo que añadió que tiene en mente convocar una asamblea extraordinaria del consejo para evaluar una nueva asamblea de estudiantes.
«A mi juicio, lo amerita. Sin embargo, no puedo tomar esta decisión unilateralmente y debo consultarlo», aclaró.
La nueva carta de la junta llega cuando días atrás Fernández Hernández opinó, en entrevista con NotiUno, que la Beca Pell es suficiente para costear la matrícula, y que sobraría para otros gastos universitarios.
«Da y le sobra para gastos y para estudios. Todavía sigue siendo, por crédito, la más económica en Puerto Rico y en otras jurisdicciones», entretanto afirmó que los costos en las universidades privadas son más altos pero no hay quejas al respecto. «Nada de eso. Y allá […] el compromiso de la institución es mantener el costo por crédito al menor costo posible, para asegurar que podemos atender el acceso a todas las familias -a todos los jóvenes- que vienen de todos [los] niveles socioeconómicos».
Un 70% de estudiantes del Sistema UPR, de acuerdo con la expresidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, recibe actualmente la ayuda federal.
Apenas unas 24 horas atrás la JCF envió otra comunicación a la administración penepé en la que recomendaba una reducción en la jornada laboral de todo el Gobierno, específicamente cuatro días a los empleados de la rama ejecutiva y dos a los maestros y personal de primera línea que labora las 24 horas al día.
El ente dio 48 horas para que Rosselló Nevares enmiende el documento. Su presidente, José Carrión, dijo que el plan es uno «extremadamente optimista» y no cumple con los requisitos establecidos por la ley ni con el plazo para su implementación.
Para salud, el panorama no es nada halagador. De acuerdo con las exigencias de la junta, el Gobierno debe llegar a recortar gastos por $100 millones para el año fiscal 2018, un aumento a $300 millones en el 2019 y, para finalizar, ascender a $750 millones en el 2021.
No obstante, sí están de acuerdo con el gobernador en cuanto a reducir «progresivamente» los costos de las pensiones para «proteger» los sectores más vulnerables, aunque opinan que las proyecciones en el Plan Fiscal son «inadecuadas».
En esta nota colaboró Iván Castañer González y Laura Hernández González
