La decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Vivian Neptune Rivera, aseguró que los recortes al presupuesto del sistema universitario atentan contra la “existencia misma” de la institución.
La profesora expresó, a través de declaraciones escritas, que es “indispensable e impostergable” detener la reducción de las fuentes de financiamiento de la UPR y asignar “los recursos necesarios para su efectiva operación”.
“El recorte de $94 millones decretado por la Junta de Control Fiscal, o el que ese dinero se destine a un uso restricto cuyo efecto neto es el mismo al del recorte, unido a los $68 millones adicionales que no se tendrían disponibles para la operación, sencillamente sería devastador”, señaló Neptune Rivera en una carta circular enviada al estudiantado de UPR Derecho.
Precisamente, el recorte al presupuesto puede ocasionar que la Escuela de Derecho de la UPR pierda la acreditación otorgada por la American Bar Association (ABA, por sus siglas en inglés) al incumplir con el requisito de docentes contratados.
Según Neptune Rivera, el recinto universitario de Río Piedras solicitó las dos plazas adicionales que necesita la Escuela. Sin embargo, denunció que, aunque “Vicepresidencia las aprobó, […] no se ha generado la certificación de presupuesto para dar paso al reclutamiento”.
Tras exclamar que “urge una defensa colectiva” de la universidad, la letrada solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una audiencia para la UPR y sus recintos. Además, exhortó al ente fiscalizador a escuchar los testimonios de profesores, investigadores, empleados y estudiantes, quienes “día a día, hacen más con menos”.
“Escuchen a las comunidades que servimos todos los días de manera silenciosa, con nuestros estudiantes, investigadores, profesores y empleados. En el caso de Derecho, desde la Clínica de Asistencia Legal, el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, el proyecto ADN Post Sentencia, y el UPR Resiliency Law Center, entre muchos otros centros de servicio gratuito de nuestro Recinto que han impactado miles de vidas”, recomendó la abogada.
Asimismo, Neptune Rivera comentó que el modelo de universidad debe ajustarse a las situaciones de pobreza y desigualdad social que se viven en Puerto Rico.
“En el momento histórico que vive Puerto Rico todo el sistema educativo tiene que ser apoyado y fortalecido. La UPR sencillamente no puede ser la excepción”, apuntó.
Tras las expresiones de Neptune Rivera, surgieron comentarios, a través de Twitter, en los que criticaron el apoyo de la decana al grupo Pro- Universidad Abierta, que promovía la reapertura del recinto riopedrense durante la huelga del 2017.
¿Urgente ahora? Hace par de años la historia era otra. ¿Se equivocó entonces o se equivoca ahora? pic.twitter.com/R12PNVK1hk
— Alexis Santos-Lozada (@AppDemography) April 30, 2021
La decana expresó a Pulso Estudiantil, a través de la oficial de prensa de la Escuela de Derecho, que una de las razones por las que se manifestó a favor de reabrir los portones del campus fue porque el cierre de la universidad atentaba contra “no solamente la acreditación de la Escuela, sino la de Middle States de todo el recinto”. También indicó que “fue una convocatoria para evitar la violencia en el recinto”.
En el 2017, en la Asamblea Nacional de Estudiantes, se decretó una huelga sistémica en contra del recorte de $450 millones que aprobó la JSF. Otro reclamo que se hizo, durante este periodo, fue la auditoría de la deuda pública.
La huelga del 2017 inició el 6 de abril y culminó el 7 de junio de este mismo año.
