Por: Angelie M. García Ortiz y Sheika Gómez Hernández
Foto: Esteban G. Morales
febrero 2017
El 4 de febrero, circuló un documento en el que se detallaban los ajustes y aumentos que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) realizaría para cumplir con un recorte de $300 millones para el año fiscal 2019. Este fue exigido por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Tras esto, el Recinto de Río Piedras de la UPR celebró su primera Asamblea General de Estudiantes el pasado 22 de febrero.
En ella, el estudiantado riopedrense decretó un paro de 48 horas que, entre otras exigencias, pedía una moratoria de la deuda hasta que fuera auditada por un grupo ciudadano. Además, que «los responsables de la mala utilización de los fondos públicos pagaran por sus actos».
Al otro día, el 23 de febrero, miles de estudiantes y civiles se manifestaron en el Capitolio y luego marcharon a Fortaleza, en repudio a los recortes de $300 millones propuestos al presupuesto del primer centro docente del país. Estudiantes de todos los recintos del sistema UPR y de universidades privadas, se dieron cita en el evento.
marzo 2017
El 9 de marzo, la JCF le anunció al Gobierno de Puerto Rico que los recortes a la UPR debían aumentar a $450 millones para el año fiscal 2021.
El 22 de marzo se realizó la segunda asamblea, en la que se optó por un paro a partir del día 28 del mismo mes, y una huelga indefinida comenzando el 6 de abril.
Conjuntamente, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) envió una carta en la que indicó su determinación de poner en probatoria la acreditación de la UPR. Esto debido no solo a la paralización, sino también a los recortes de $450 millones propuestos al sistema universitario —pues ponen en riesgo la capacidad económica que la institución necesita para continuar operando.
[DOCUMENTO] La Middle States Commission on Higher Education envió carta avisando que la acreditación UPR está en peligro por recorte $450m. pic.twitter.com/Fwf2SEeIK7
— Pulso Estudiantil (@PulsoEST) March 22, 2017
El 27 de marzo, Pulso Estudiantil llevó a cabo un debate entre portavoces del la Juventud Hostosiana (JH) y la Coalición Universitaria por el Progreso (CUP), para discutir los beneficios y consecuencias que conllevaría una paralización en el recinto.
El 29 de marzo, segundo día de paralización en Río Piedras, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reunió con líderes estudiantiles de todos los recintos de la UPR por un tiempo aproximado de media hora.
Desde entonces, los estudiantes comunicaron la necesidad de sentarse a dialogar, nuevamente, ya que no lograron acordar mucho con el primer mandatario.
El mismo día, la estudiante de la Escuela de Derecho Anamar Menéndez González intentó, fallidamente, acceder al recinto para tomar sus cursos.
El 31 de marzo, Menéndez González y otros cuatro estudiantes radicaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia (TIP) de San Juan, contra la UPR y sus representantes, exigiendo la apertura de los portones y la reanudación de las labores académicas y administrativas en la unidad riopiedrense.
El mismo día, los estudiantes huelguistas de la UPR en Río Piedras marcharon hacia el Centro de Convenciones de Puerto Rico, mientras la JCF realizaba allí su sexta reunión. A los gallitos y jerezanas se les unieron estudiantes de otros recintos y diversas organizaciones como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).
Consecuentemente, el ente fiscal pidió reunirse con cinco de los presidentes de los consejos generales de estudiantes de la UPR a las 5:00 p. m. de ese día. No obstante —por el carácter repentino de la invitación y la poca representación estudiantil permitida— la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) informó que presentaría una contra propuesta para que delegados de los 11 recintos del Sistema UPR estuvieran presentes.
abril 2017
El 1ro de abril, la CEN, en una reunión extraordinaria, determinó que solicitarían un cónclave con la JCF entre el día 10 y el 17 de ese mes. Empero, la reunión no se efectuó en ese periodo de tiempo.
El voto de huelga aprobado en la segunda asamblea de estudiantes en Río Piedras fue ratificado en la Asamblea Nacional, celebrada el 5 de abril. A los gallitos se les unieron la mayoría de los recintos del Sistema UPR.
En el cónclave, se decidió que la huelga culminaría una vez se cumplieran los siguientes reclamos:
- Que la administración universitaria no penalizara a ningún estudiante que participe en la paralización, manifestación y lucha en defensa de la UPR.
- Que se presentara un plan de reforma universitaria que contara con ideas y propuestas provenientes de todos los sectores de la universidad y que representara a la institución
- Que se restituyera “inmediatamente” la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y su presupuesto, que comenzara el proceso de auditoría y que se estableciera una moratoria de la deuda antes y durante la verificación de esta.
- Que no se contemplara “ningún” aumento en la matrícula de la UPR, la eliminación de exenciones ni recortes al presupuesto de la institución.
El 6 de abril comenzó el proceso huelgario en el campus riopedrense.
Ese día, el TPI dio no ha lugar a la demanda radicada por Menéndez González.
La jueza que atendió el caso, Lauracelis Roques Arroyo, entendió que la parte demandante no logró convencer al tribunal de que abrir los portones, forzadamente, garantizaría la reanudación de las clases. Además, indicó que no lograron convencerla de que la rectora Carmen H. Rivera Vega incumplía con intentar que las labores en el recinto fueran restituidas.
La entonces presidenta interina, Nivia Fernández Hernández, anunció —el 19 de abril en una reunión con la Junta Universitaria— el Plan Fiscal de la UPR, que proponía un aumento paulatino de los recortes hasta que estos alcanzaran los $512 millones para el año fiscal 2025-26.
Asimismo, en el lado norte del Capitolio, diferentes organizaciones y estudiantes de la UPR se manifestaron en repudio al Proyecto del Senado 428, que derogó, ese día, la Comisión para la Auditoría de la Deuda.
Al día siguiente, 7 de abril, la administración de la UPR Recinto de Río Piedras informó que los pagos de la Beca Pell y otras ayudas federales fueron suspendidos, debido a la paralización del campus riopedrense.
El 18 de abril, dado al proceso huelgario, el Departamento de Educación Federal notificó, a través de una misiva, que el recinto de Río Piedras perdió la elegibilidad para recibir la Beca Pell y otros fondos federales. No obstante, esta podrá ser restituida una vez se reanuden las labores académicas en la unidad.
La decana Vivian I. Neptune Rivera anunció, el 22 de abril, la postergación de la ceremonia de graduación del Recinto de Río Piedras, que no implica que no se conferirán los títulos obtenidos. Igualmente, se cancelaron otras actividades como la sesión de verano de junio 2017, los diferentes programas de verano en Sudamérica y la actividad de logros y reconocimientos.
El 27 de abril, un grupo de estudiantes interrumpió una reunión entre la Junta de Gobierno (JG) y Fernández Hernández. En el cónclave, se trabajaba el Plan Fiscal que la universidad debía presentar a la Junta de Control Fiscal (JCF), y que, hasta hoy, no se ha concretado.
mayo 2017
El primer día del mes, tanto los estudiantes como múltiples sectores del país, se manifestaron desde varios puntos de San Juan hasta la Milla de Oro, en Hato Rey, como parte del Paro Nacional.
En aquella ocasión —culminado el paro al que se citaron miles de puertorriqueños— se dieron diversos actos vandálicos, especialmente en el Banco Popular. Varias personas fueron arrestadas por los hechos.
El 4 de mayo, estudiantes de la UPR en Humacao consiguieron que el presidente de la JCF, José Carrión III, se comprometiera a establecer una fecha para reunirse con 26 líderes estudiantiles de la UPR, la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
El día siguiente, la Junta de Gobierno de la UPR informó que se recortarían $149 millones al presupuesto de la universidad para el año fiscal 2017-18.
El 6 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de San Juan falló a favor de Menéndez González y los otros cuatro demandantes y revocó la decisión del TPI.
Así pues, la jueza Laura Ivette Ortiz Flores y el juez Fernando Bonilla Ortiz ordenaron que se abrieran los portones y se proveyeran los cursos en el calendario académico del presente semestre universitario en el Recinto de Río piedras, en o antes del 11 de mayo de 2017, a las 6:00 de la mañana.
La Junta de Gobierno, la ex presidenta interina de la UPR Nivia Fernández Hernández, y la ex rectora interina del recinto riopedrense Carmen Rivera Vega debían acatar y hacer cumplir esta orden.
El 8 de mayo, el Comité Negociador Nacional (CNN) del Movimiento Estudiantil de la UPR presentó el Paquete Legislativo. Este consiste en cuatro proyectos del senado y un proyecto cameral que juntos podrían allegar más de $500 millones en ingresos a la UPR.
Los proyectos son:
- Proyecto Cameral 1016:
- Propone establecer un impuesto de 11.5% a la propiedad de lujo mueble e inmueble —entiéndase residencias cuyo valor supera el millón de dólares, yates y terceras propiedades valoradas en más de $500,000.
- Plantea implementar otro impuesto de 20% sobre las propiedades inmuebles ociosas —entiéndase extensiones de terreno en desuso de más de 500 acres de tierra y la acumulación de propiedades desahuciadas y estructuras abandonadas.
- Los recaudos provenientes de estos arbitrios serían tramitados a través del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y pasarían, directamente, al fondo general de la UPR.
- Proyecto del Senado 502:
- Propone derogar las Ley 20 y la Ley 22. Estas garantizan exenciones e incentivos contributivos a inversionistas extranjeros.
- Busca que, tras la eliminación de estas leyes, los recaudos en los impuestos que pasarían a rendir estos individuos se le otorguen a la UPR.
- Proyecto del Senado 503:
- Propone que se establezca un registro público de los puestos de confianza que se otorguen en los diferentes organismos gubernamentales.
- Autoriza a la Oficina del Contralor a utilizar recursos de la UPR y el Instituto de Estadística de Puerto Rico para el diseño de un reglamento que garantice el cumplimiento de esta ley.
- Proyecto del Senado 504:
- Propone que el Departamento de Educación (DE) destine la totalidad de los contratos de tutorías, adiestramientos y consultorías a las instituciones de educación superior pública del país —entiéndase la UPR, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.
- Busca que dichas instituciones colaboren con el DE en proyectos y actividades de apoyo a la educación pública de Puerto Rico.
- Proyecto del Senado 508:
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- Plantea priorizar a la UPR en la contratación de servicios.
👇 [THREAD] 5 proyectos de ley presentados por el Comité Negociador del Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras. #UPRseDefiende 📣 pic.twitter.com/2PYhLtRaUK
— CCE Oficial (@CCEUPRRP) May 22, 2017
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Ese mismo día, el senador independiente José Vargas Vidot sometió los cuatro proyectos del Senado que presentaron los estudiantes.
El 9 de mayo, se citó al Centro Judicial de San Juan a once estudiantes que interrumpieron la reunión de la Junta de Gobierno el 27 de abril.
Se encontró causa para arresto por delitos graves contra siete de ellos y se les impuso una fianza de $6,000 a cada uno. Sin embargo, seis de ellos calificaron para fianza diferida —que les permitió estar en libertad, bajo ciertas condiciones, y después pagar dicha cantidad. El estudiante que no calificó, pudo prestar su fianza, librándose también de la detención.
Además, ese día la entonces rectora interina de la UPR en Río Piedras anunció la creación de la Mesa de Diálogo Multisectorial, que cuenta con representantes de toda la comunidad universitaria y busca atender los reclamos del estudiantado riopedrense.
El día siguiente, 10 de mayo, se celebró la tercera Asamblea de Estudiantes, mientras la orden de mandamus e injuction del Tribunal de Apelaciones exigía a la administración la reanudación de clases al próximo día. No obstante, el estudiantado decidió, abrumadoramente, ratificar la huelga y continuar con la paralización.
El 16 de mayo, la jueza Lauracelis Roques Arroyo impuso una multa de $5,000 y otra de mil dólares por cada día que la institución incumpliera con la orden de mandamus e injunction, como parte del caso Menéndez vs. UPR.
Dos días después, el 18 de mayo, la ex rectora interina del recinto riopedrense Carmen H. Rivera Vega, renunció a su puesto, dado al posible arresto al que ella y Fernández Hernández podían enfrentarse por no poder cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones.
El próximo día, 19 de mayo, Fernández Hernández envió un correo a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, para saber si la Uniformada intervendría en el recinto. Hernández de Fraley replicó que la Policía no entraría a dicho campus.
Además, ese día la UPR sometió al Tribunal Supremo una petición de certiorari, vía Moción de Auxilio en Jurisdicción, en busca de que el primer foro judicial interviniera y paralizara la orden del Tribunal Apelativo, ya que esta era imposible de cumplir.
Sin embargo, el 20 de mayo, el Supremo mantuvo la orden del Tribunal de Apelaciones (TA).
Por último, la JCF confirmó a los líderes estudiantiles de la UPR en Humacao la reunión que estos le solicitaron. El ente informó que esta sería el 24 de mayo.
El 20 de mayo, la Junta de Gobierno de la UPR y la Mesa de Diálogo Multisectorial firmaron unos preacuerdos. No obstante, estos fueron rechazados por la mayoría de los movimientos estudiantiles de la UPR, ya que entendían que su propósito era, únicamente, lograr la apertura de los portones.
El 21 de mayo, la UPR radicó una Solicitud de Auto de Mandamus contra la Policía de Puerto Rico y el Estado Libre de Asociado de Puerto Rico, con el fin de que la superintendenta de la Uniformada utilizara todos los recursos disponibles para que se cumpliera la orden del tribunal apelativo.
El 22 de mayo, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) se retiró de la Mesa de Diálogo Multisectorial, pero indicó que seguiría en pie de lucha por la defensa de la UPR.
Asimismo, se celebró una vista de seguimiento del caso Menéndez vs. UPR, el 22 de mayo, en la que se le dio un ultimátum a Fernández Hernández para cumplir con la orden y reanudar las clases en el campus riopedrense. La ex presidenta interina podía enfrentar cárcel de no cumplir con el mandato.
El 23 de mayo, Fernández Hernández renunció a su puesto. Ese día, la ex presidenta interina de la UPR fue excusada de la vista de seguimiento del caso Menéndez vs. UPR, pues se le había demandado en su carácter administrativo y, tras renunciar, ya no formaba parte del pleito.
La renuncia también le eximió de enfrentar cárcel, si no presentaba el plan para abrir los portones.
Habla la expresidenta de la UPR, Nivia Fernández. pic.twitter.com/iv3gtA0dBu
— V. Torres Montalvo (@Motinsitepegas) May 23, 2017
Asimismo, dimitieron tres miembros de la Junta de Gobierno —expresidente Carlos Pérez Díaz, el exvicepresidente Carlos H. del Río y Frank Catalá Morales, dejando al ente sin el cuórum requerido para poder reunirse y tomar decisiones, legítimamente.
No obstante, ese día, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró a dos nuevos miembros para que formen parte de dicha junta. Estos fueron el licenciado Walter Alomar Jiménez y la licenciada Zoraida Buxó Santiago. A la fecha, el Senado de Puerto Rico no ha confirmado estas designaciones.
El 24 de mayo, el Comité Negociador Nacional (CNN) se reunió con la Junta de Control Fiscal y tomó como un logro convertirse en el primer sector del país en sentarse con el ente fiscal. Empero, les preocupó la falta de conocimiento que la junta tenía sobre los efectos de los recortes, estimados en $450 millones, más allá que cuadrar el presupuesto.
Además, ese día, el Comité de Diálogo Multisectorial enmendó los preacuerdos. Está versión corregida incluye lo siguiente:
- No alzar la matrícula, eliminar exenciones ni aumentar o implementar cuota alguna durante el año fiscal 2017-18.
- Que la UPR colabore con la Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público.
- Que la Junta de Gobierno (JG) reitere las expresiones y esfuerzos en rechazo a los recortes propuestos.
- Que la JG se exprese en contra de la privatización o cierre de recintos.
- Que se solicite a la Asamblea Legislativa que permita que las propuestas de reforma de la Ley de la Universidad se generen desde la comunidad universitaria y sus sectores.
- Que se reconozca a la educación superior pública como servicio esencial.
- Que no haya sanciones administrativas contra participantes de la huelga.
- Que se mantenga una Mesa de Diálogo Institucional, con participantes de toda la comunidad universitaria, que discuta y tome decisiones sobre la institución de manera democrática.
El 25 de mayo, se celebró la cuarta Asamblea de Estudiantes del recinto de Río Piedras. En ella, se aprobó una moción —con 1,073 votos a favor y 849 en contra— para que la huelga continúe hasta que la Junta de Gobierno de la UPR certifique los preacuerdos logrados en la Mesa de Diálogo Multisectorial.
Asimismo, los gallitos y jerezanas respaldaron una moción para que se emplazara al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a una reunión con el estudiantado durante la semana siguiente. De no hacerlo, se celebraría otra asamblea en la que se discutirían los pasos a seguir.
Igualmente, en ánimos de continuar la lucha para evitar los recortes propuestos por la JCF y ejercer mayor presión al Gobierno, la asamblea respaldó la moción presentada por Sergio Marichal que proponía prolongar una jornada de lucha.
El 26 de mayo, dio comienzo la jornada de lucha con una marcha desde el Capitolio hasta Fortaleza, como parte del Día Nacional de Estudiantes en Lucha.
Estudiantes del Comité Negociador Nacional aprovecharon la ocasión para solicitar, nuevamente, una reunión con el gobernador, mas esta les fue negada.
Ese día, también fueron suspendidos los pagos de nómina en la UPR, por considerarse inconstitucional utilizar fondos públicos para pagar a empleados que no han podido ofrecer sus servicios durante el proceso huelgario. Los empleados docentes y no docentes no recibirán el pago de la primera quincena de junio.
Al otro día, 27 de mayo, la presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPR Recinto de Río Piedras, Wilmarí de Jesús, solicitó una reunión con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, para discutir el papel de la UPR ante la situación fiscal del país.
El 29 de mayo, se anunció a De Jesús y al secretario general de la Confederación Estudiantil Nacional, Danilo Pérez, que Rosselló Nevares no podría reunirse con los estudiantes de la UPR, puesto que su agenda estaba comprometida por, entre otras cosas, trabajar con el presupuesto de la isla.
Sin embargo, se indicó que el secretario de la Gobernación, William Villafañe, estaría disponible para atender, a la mayor prontitud, a los portavoces estudiantiles de la sistema universitario.
El 30 de mayo, un grupo de estudiantes de la UPR —en su mayoría miembros del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras— se reunió con miembros gabinete del gobernador.
En el cónclave, se discutieron los recortes propuestos a la instrucción educativa; propuestas para allegarle fondos; y las nominaciones que el primer mandatario hizo a la Junta de Gobierno de la universidad.
El último día del mes, 31 de mayo, la Junta Universitaria aprobó una moción para respaldar los preacuerdos logrados entre la Junta de Gobierno de la UPR y la Mesa de Diálogo Multisectorial.
También, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó su presupuesto para el año fiscal 2017-18, en el que se estipula un recorte de $202,719,000 en las asignaciones de fondos a la UPR. Esto implica un ajuste de 23.24%.
junio 2017
El 2 de junio, se celebró el Primer Día Nacional en Contra de los Bancos. El Movimiento Estudiantil de la UPR y otras organizaciones fueron partícipes de dos piquetes y un boicot contra los bancos Santander y Popular.
#DiaNacionalContraLosBancos | Hay aproximadamente 100 manifestantes participando del piquete en la avenida Ponce de León. pic.twitter.com/dbNzZewWEM
— Pulso Estudiantil (@PulsoEST) June 2, 2017
El 4 de junio, el decano de Estudios Graduados e Investigación del recinto, Pedro Rodríguez Esquerdo, informó que los actos de graduación del campus fueron cancelados, definitivamente.
Ayer, 5 de junio, el Recinto de Río Piedras de la UPR celebró su quinta Asamblea General de Estudiantes, en la que el estudiantado decidió no continuar con la paralización tras aprobar en el cónclave una moción con 2,209 votos a favor y 82 en contra, para levantar la huelga y comenzar la labores académicas el 12 de junio.
Miguel Santiago contribuyó en la realización de esta cronología.
